El Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la Universidad Autónoma de Chile, su rector Teodoro Ribera y exautoridades regionales, luego de un informe de fiscalización sobre convenios suscritos entre 2021 y 2023.
La investigación administrativa que originó la acción fue realizada por la Contraloría General de la República (CGR). En su informe final, la Contraloría revisó convenios por $21.804 millones que la universidad ejecutó con fondos del GORE y formuló una serie de reparos sobre la rendición y la calidad del gasto.
Según el documento de la CGR, la casa de estudios declaró rendido un total de $14.329 millones, mantuvo $6.929 millones pendientes de rendición y registró reintegros por apenas $155,5 millones. La auditoría sostuvo que el 47% del monto rendido, equivalente a $6.800 millones, presentó observaciones en la evaluación de la calidad del gasto.
A partir de cruces de información con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Electoral (Servel) y la Dirección del Trabajo, la Contraloría hizo un examen detallado sobre 117 partidas seleccionadas por riesgo. De ese análisis surgieron 10 observaciones clasificadas como "altamente complejas", la categoría más grave en la escala técnica del organismo.
Entre las anomalías señaladas, la CGR consignó proyectos que figuran como ejecutados y rendidos, pero que no pudieron verificarse en terreno pese a actas de supervisión e informes finales firmados. También detectó la incorporación de 73 facturas que luego fueron anuladas mediante notas de crédito por $127,5 millones, lo que dificultó establecer el destino efectivo de esos recursos.
El informe reporta además aprobaciones exprés de proyectos millonarios en plazos inferiores a seis horas, y un saldo no rendido por $134,1 millones que, según el documento, la administración del entonces gobernador regional Luciano Rivas y directivos de la universidad acordaron dejar en gestión mediante el encargo a una empresa externa de cobranza.
La denuncia del GORE apunta directamente al rector Teodoro Ribera, quien ejerce como máximo ejecutivo de la Universidad Autónoma de Chile, y al exgobernador regional Luciano Rivas, señalando posibles delitos de fraude al fisco, estafa y lavado de activos. El Ministerio Público recibió la presentación y debe analizarla para decidir si abre una investigación penal formal.
La Contraloría auditó 117 partidas y formuló 10 observaciones "altamente complejas", los convenios sujetos a revisión suman $21.804 millones correspondientes a 10 instrumentos firmados entre 2021 y 2023, y ahora corresponde que la Fiscalía determine si inicia una indagatoria penal.
