Construcción propone medidas para reducir tiempos de judicialización y aumentar competencia en viviendas sociales La iniciativa del gremio busca incorporar herramientas de resolución temprana de conflictos, siguiendo modelos ya utilizados en otros contratos del Estado. Noticias destacadas Hace algunos meses, un grupo de constructoras del país -Icafal Ingeniería y Construcción, Sicomaq, Constructora IS e Inversiones Morval- recurrió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para modificar el reglamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aplicable a proyectos de viviendas sociales.
Según argumentaron, la normativa limita indebidamente la competencia en este mercado. Ahora, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio un espaldarazo a las empresas, también ante el Tribunal, y coincidió en que ciertas disposiciones del reglamento dificultan innecesariamente la participación de algunos contratistas en los procesos de licitación y generan condiciones contractuales inciertas para potenciales oferentes.
En ese contexto, el gremio presentó al TDLC -causa donde también participa el Minvu- una serie de propuestas para perfeccionar el sistema. Una de ellas fue especialmente bien recibida por la industria: incorporar mecanismos de resolución de controversias durante la ejecución de los contratos.
La CChC sostuvo que en obras de cierta envergadura es habitual que surjan situaciones que requieren una solución oportuna durante su desarrollo. Sin embargo, advirtió que actualmente no existen herramientas que permitan resolver estas diferencias de manera eficiente, por lo que las partes deben ajustarse a procedimientos administrativos que no siempre resultan idóneos para este tipo de conflictos.
10 años puede tomar en resolverse un conflicto en la justicia ordinaria. Por ello, muchas discrepancias terminan siendo derivadas a instancias posteriores, como la Contraloría o los tribunales de justicia.