Gremios del sector financiero piden a la CMF avanzar en proporcionalidad regulatoria Advirtieron que la actual carga normativa está elevando costos y aumentando las barreras de entrada, mientras el regulador apuntó que avanzará en iniciativa clave. Noticias destacadas Aunque cuenta con la venia de la industria, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, tomó nota de las principales normas, que, a juicio de los principales gremios del sector, afectan el desarrollo del negocio.
En el marco de un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, la presidenta del regulador -que estuvo acompañada en el auditorio por los comisionados Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón- recibió un petitorio común de parte de la Asociación de Bancos (Abif), la Asociación de Fondos de Inversión (Acafi) y la Asociación de Aseguradores (Aach): aplicar proporcionalidad regulatoria a los actores de cada industria, según su tamaño, riesgo y negocio en que se involucran. El mensaje fue claro: sin ese ajuste, existe riesgo de concentración, menor entrada de nuevos actores y un freno al desarrollo.
“Creo que tenemos un problema súper estructural de proporcionalidad”, comenzó su intervención en el panel, el presidente de Acafi, Luis Alberto Letelier, quien ejemplificó que, en la industria de fondos, “ha sido excesivamente costoso; hemos visto como varias administradoras de fondos han cerrado, otras que se fusionan. Lo vemos con preocupación y creemos que es necesario avanzar en reformular la regulación de tal forma que, a mayor riesgo, mayor regulación”.
Desde el sector asegurador, el director ejecutivo del gremio, Marcelo Mosso, también apuntó a la falta de diferenciación regulatoria. Por ejemplo, sostuvo que en el caso del reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), “una compañía de seguros de crédito tiene que hacer el mismo reporte que un banco que opera con millones de pesos dando vuelta todos los días”, dando cuenta que, pese a las diferencias de tamaño y de negocio de cada actor, se exige enviar un reporte similar a una agencia estatal.
“Tenemos que cuidar que los requerimientos sean exactamente los que se necesitan para los niveles de riesgo”, sostuvo Tornel. A juicio de Mosso el impacto de esa carga no es menor, asegurando que, del presupuesto de gastos de las compañías de seguro, el 21,5% en promedio se destina al costo normativo.