Columna de Matías Concha y Jorge Cáceres: “Crecimiento y Medio Ambiente: El fin de un dilema” Chile enfrenta hoy una encrucijada que ya no admite ambigüedades ni diagnósticos tibios: seguir atrapados en un falso dilema entre crecimiento y protección ambiental es probablemente una de las causas del profundo rezago en materia de crecimiento del país de los últimos años. La reciente cumbre ambiental convocada por Sofofa el pasado 20 de mayo, que reunió a actores del mundo público, privado y académico con el propósito de avanzar con el título de esta columna, dejó en evidencia algo incómodo pero ineludible: el síntoma visible se concentra en la gestión de permisos y su elevado nivel de impredecibilidad.
Los datos muestran que detrás de proyectos detenidos o judicializados no hay solo burocracia, sino también vacíos de información, capacidades y estándares de representatividad limitados, junto a brechas normativas, que nos distancian de lo observado en países referentes, lo cual genera desconfianza, obstáculos a la inversión y amenazas al medio ambiente. El país cuenta con ventajas comparativas evidentes: liderazgo en minerales críticos y progresivamente en la elaboración de combustibles sintéticos, cadenas productivas con ventajas competitivas, una vocación exportadora y una base territorial productiva que forma parte de nuestra identidad.
Sin embargo, estas fortalezas no se traducen automáticamente en desarrollo. Requieren un marco institucional que dé certezas y reduzca la arbitrariedad.
Aquí es donde la discusión se vuelve relevante. Porque pasar del permiso a la confianza no es un ajuste administrativo: es una decisión de política pública que supone mover el foco desde la lógica reactiva hacia una lógica proactiva, de alcance estratégico, basada en capacidades, información y reglas claras que debemos priorizar y en que el sector privado puede ser un actor clave.
El cómo construirlo se basa en fortalecer tres pilares fundamentales: (i) instrumentos económicos ambientales efectivos, (ii) estándares altos sustentados en información representativa y confiable y (iii) una normativa coherente y aplicable. Existen ejemplos concretos que muestran que esto es posible.