La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano. La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.
El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial. Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agrega el diario.
El periódico neoyorquino también apunta que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales contra el mandatario. Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.
Tensión EE.UU.-Colombia La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano. La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas.
En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia. Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.