Una delegación chilena de carácter público-privado viajará a Washington para exponer ante el USTR (la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) el próximo martes 7 de julio, en audiencias que determinarán si Chile queda gravado con un arancel del 12,5% bajo la política comercial de Donald Trump.

La comitiva está liderada por la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril) y la Subrei (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales), e incluye a representantes del Consejo del Salmón, Frutas de Chile, Vinos de Chile, la Corma (Corporación Chilena de Madera) y ChileCarne. La presencia de estos sectores no es casual: todos enfrentan pérdidas significativas si el gravamen se aplica.

Chile aparece en la lista de 54 países afectados por el arancel del 12,5%, mientras otras seis naciones recibirían una tarifa inferior de 10%. La razón técnica que esgrime Washington es que el USTR no identificó una prohibición expresa en la legislación chilena contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, un criterio que el organismo utiliza para evaluar si el comercio de un país perjudica al mercado estadounidense.

Este proceso se inscribe en los intentos de la administración Trump por sostener su agenda arancelaria, luego de un revés judicial significativo: la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el uso de la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para imponer aranceles de 10% a inicios de año.

El sector frutícola llegará con uno de los argumentos más concretos. Chile produce a contraestación del hemisferio norte, lo que permite abastecer el mercado estadounidense durante los meses en que ese país no genera frutas propias. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, sostuvo que la industria opera con "cadenas de suministro altamente trazables y auditadas de manera permanente", y advirtió que imponer aranceles "podría reducir la disponibilidad para los consumidores, generar mayor volatilidad en los precios y afectar la eficiencia de una cadena de distribución clave para la economía estadounidense".

Según informó el Diario Financiero, las audiencias ante el USTR comenzarán el martes 7 de julio en Washington.