El 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a la Corporación Municipal de Educación y Salud de Renca a pagar cerca de $14 millones a una exempleada que despidió por falta de probidad, causal que el tribunal declaró injustificada. El origen del conflicto fue un informe de la Contraloría General de la República que detectó que la mujer viajó a Brasil mientras tenía una licencia médica vigente, según informó BioBío Chile.

La trabajadora prestó servicios durante quince años en colegios de la comuna, los últimos nueve de ellos en la Escuela N°314 Capitán José Luis Araneda, donde se desempeñó como auxiliar de servicios. Su relación laboral con la corporación comenzó el 31 de mayo de 2010.

Durante 2024 y 2025, la mujer estuvo en reposo por una hepatitis farmacológica, condición originada por el consumo de medicamentos. Fue en ese periodo cuando la Contraloría detectó que había viajado a Brasil entre el 4 y el 14 de octubre de 2024, mientras recibía el cien por ciento de su remuneración.

Con ese antecedente, el 28 de mayo de 2025 la corporación la desvinculó invocando falta de probidad. La trabajadora defendió su posición ante el tribunal: el viaje estaba planificado desde mayo de 2024, varios meses antes de que comenzaran sus licencias médicas, y las fechas coincidieron de manera no premeditada con el reposo, "sin que existiera dolo o ánimo de defraudar al empleador ni a FONASA", el Fondo Nacional de Salud.

El fallo del juez Álvaro Flores precisó que la corporación cometió un error grave: aplicó la causal más severa disponible en el Código del Trabajo sin haber investigado previamente las circunstancias del caso, vulnerando su propia normativa interna. Esa normativa establece que las infracciones de los trabajadores deben graduarse entre amonestaciones, multas y término de contrato, en función de la gravedad y de las circunstancias atenuantes o agravantes de cada situación.

El tribunal ordenó el pago de cerca de $14 millones en indemnizaciones legales a favor de la extrabajadora, cuya desvinculación fue declarada injustificada tras quince años de servicio en la corporación municipal.