Previo y en la misma Comisión de Vivienda del Senado, el ex titular del MINVU enfatizó que el Informe N°421 de la Contraloría General de la República jamás utilizó la palabra “sobreprecio” y que, por el contrario, las adquisiciones correspondieron a terrenos de alta calidad urbana, bien localizados y destinados a una política pública de largo plazo para enfrentar el déficit habitacional estructural del país. El ex ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes Cisternas, defendió la política de gestión de suelo impulsada entre 2022 y 2026, subrayando que las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República corresponden principalmente a aspectos procedimentales y no a cuestionamientos de probidad, fraude o perjuicio fiscal.
“Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal.
Lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva, compleja y de largo plazo”, afirmó Montes. El ex secretario de Estado recordó que del propio Informe N°421 de Contraloría concluye indicando medidas administrativas a tomar a futuro, sin que se remitan antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, descartando, por tanto, ilícitos o irregularidades.
“Todos los terrenos fueron adquiridos con tasaciones SERVIU vigentes y, cuando correspondía, con tasaciones adicionales. Hablar livianamente de sobreprecio desconoce cómo funciona el mercado del suelo urbano y desconoce también el objetivo de esta política: evitar seguir expulsando a las familias más vulnerables a la periferia”, agregó.
Montes explicó que una de las principales innovaciones de esta política pública fue avanzar hacia la adquisición de terrenos bien ubicados, cercanos a servicios, transporte y equipamiento urbano, superando décadas en que el Estado solo podía construir donde el suelo era más barato. “Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo.