El organismo fiscalizador determinó que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad, pidió un informe reservado a la Policía de Investigaciones (PDI) apenas dos días después de asumir el cargo, una conducta que excedía sus competencias legales. El fallo llegó en respuesta a un oficio que presentaron los diputados Tatiana Urrutia (Frente Amplio), Patricio Pinilla (DC, Democracia Cristiana) y Raúl Leiva (PS, Partido Socialista).
Para Urrutia, la resolución confirma lo que la oposición venía advirtiendo desde el comienzo del gobierno de José Antonio Kast. "El Gobierno llegó a improvisar en materia de seguridad con el país", dijo la parlamentaria, que integra la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. A su juicio, Steinert "no distinguió los límites entre su antiguo rol como fiscal y la conducción política del Ministerio de Seguridad". La oposición alertó sobre esta situación durante dos meses. El Ejecutivo optó por ignorarlo y proteger a la ministra.
"El Presidente prefirió hacer oídos sordos y blindar a una autoridad que hoy día terminó siendo confirmada por la Contraloría como una ministra que sobrepasó los límites que la ley le había impuesto", señaló la diputada.
El fallo abre interrogantes que el gobierno hasta ahora ha evitado responder. La primera: desde cuándo el Presidente conocía los antecedentes sobre la conducta de Steinert. La segunda apunta a Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado de la PDI, y si su salida tuvo relación con la solicitud de nóminas que la ministra realizó en sus primeros días en el cargo.
Urrutia conoció el fallo al salir de una reunión con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, en la que también participó el diputado socialista César Valenzuela. El encuentro abordó un proyecto para aumentar las penas a adultos que inciten a menores a cometer delitos. La diputada calificó la instancia como positiva y anticipó que los próximos cuestionamientos de la oposición apuntarán a la agenda del ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al proyecto del Registro Nacional de Vándalos.