La Contraloría General de la República, el organismo que fiscaliza la legalidad de los actos del Estado, concluyó que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad Pública, se extralimitó en sus atribuciones al pedir antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre una causa judicial en curso. El biministro Claudio Alvarado, quien ocupa dos carteras ministeriales simultáneamente, salió este jueves a respaldar a su excolega con un argumento simple: los ministros también cometen errores.

El dictamen, conocido a través de Radio Bío Bío, establece que la información solicitada por Steinert al organismo policial no era necesaria para las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad. La Contraloría fue más lejos: advirtió que la consulta podía afectar el desarrollo de una investigación penal activa, algo que la legislación prohíbe bajo el concepto de "deber de abstención".

Alvarado descartó que lo ocurrido constituyera un error político. Según el secretario de Estado, el problema fue específico: Steinert consultó a la PDI sobre personas involucradas en una causa que ya investigaba el Ministerio Público, la fiscalía autónoma con la exclusividad en la persecución penal en Chile. "Lo que se transgredió es que se hizo una consulta respecto a personas que estaban llevando una causa que estaba en desarrollo, que le corresponde al Ministerio Público", explicó.

Sobre el fallo, el biministro sostuvo que el Gobierno lo acata y que servirá de referencia. "Nosotros la tomamos como referencia para que hacia adelante tengamos un actuar más cuidadoso en esta materia", indicó. Sin embargo, relativizó la gravedad del episodio. "Todos los ministros de pronto podemos cometer algún tipo de error", señaló, al tiempo que agradeció el aporte de Steinert durante su paso por el Ejecutivo.

El fallo de la Contraloría fija un límite preciso: los ministros no pueden pedir información a las policías sobre personas involucradas en causas judiciales activas. La resolución protege la independencia del Ministerio Público frente al Ejecutivo. Steinert ya no ocupa el cargo, pero la decisión que tomó mientras fue ministra quedó registrada como una infracción formal al ordenamiento jurídico.