La fallida acusación constitucional (AC) contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, abrió un debate que va más allá del caso puntual: ¿cuánto espacio debe tener el Congreso para ejercer este mecanismo de control político sobre las autoridades?

La pregunta tomó fuerza cuando parlamentarios de distintos sectores comenzaron a impulsar una iniciativa transversal para elevar las exigencias que permiten presentar una AC. Frente a esa propuesta, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista (PC), fue tajante en su rechazo.

"Creo que es un error restringir y debilitar la herramienta de la acusación constitucional por una consideración de la coyuntura", dijo Cuello. "La acusación contra Grau que presentó la extrema derecha fue, sin duda, vergonzosa política y jurídicamente, pero esa no es una buena razón para aumentar el poder del Ejecutivo."

Para el diputado, el control fundado de las responsabilidades políticas de altas autoridades es indispensable para el equilibrio de poderes y la defensa de los ciudadanos cuando se vulnera la Constitución. Sin embargo, aclaró que el debate sobre las consecuencias sí puede darse: "Perfectamente es posible discutir las sanciones de la acusación constitucional sin anularla como una herramienta legítima."

El trasfondo de esta discusión está en la frecuencia con que se han presentado AC contra autoridades de los últimos dos gobiernos, el de Sebastián Piñera y el de Gabriel Boric. Ese historial llevó a varios parlamentarios a cuestionar si el mecanismo se usa como herramienta de fiscalización genuina o como instrumento de desgaste político.

La reforma propuesta aún no tiene fecha de votación en la Cámara de Diputados.