El Tribunal de GarantÃa de Temuco condenó a dos funcionarios de la PDI que fueron detenidos en la llamada Operación Imperio, donde se logró desarticular una organización que cometió millonarios delitos económicos, entre ellos lavado de activos. Se trata de los funcionarios de la PDI, Juan Augusto Carrasco Hernández y Wladimir Ulises Cáceres Soto, detenidos y formalizados por diversos delitos económicos y de corrupción en la llamada Operación Imperio.
El fiscal Luis Torres, quien llevó esta investigación, precisó que Juan Carrasco fue quien alertó a la agrupación liderada por los hermanos MartÃnez que estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la PDI. Además, el persecutor precisó que los policÃas elaboraban partes falsos para cobrar seguros de las compañÃas y defraudarlas, obteniendo dinero de los clientes y además quedándose ellos con los vehÃculos para venderlos de diversa forma.
Funcionarios no irán a la cárcel Los miembros de la PDI aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de investigación del Ministerio Público y la causa fue llevada a un juicio abreviado. La jueza de GarantÃa, Viviana GarcÃa, condenó a Juan Carrasco Hernández a cumplir penas de 3 años y 1 dÃa de presidio como autor de cohecho de funcionario público; a 100 dÃas de presidio por fraude de seguros; a 301 dÃas como autor del delito de vulneración de secreto; y a la pena de 61 dÃas de cárcel por el delito de tenencia ilegal de munición.
En tanto, Wladimir Ulises Cáceres Soto, fue condenado a cumplir las penas de 3 años y 1 dÃa de presidio como autor del delito de cohecho de funcionario público; a 61 dÃas de cárcel por fraude de seguros. También fue condenado a 541 dÃas de presidio como autor de falsificación de instrumento público; a 61 dÃas de cárcel por obstrucción a la investigación y a 61 dÃas de presidio por falta a la verdad en informes policiales.
La jueza de GarantÃa de Temuco, Viviana GarcÃa, le otorgó a ambos efectivos policiales el beneficio de libertad condicional intensiva, por lo que cumplirán en libertad las penas otorgadas por el tribunal. En la Operación Imperio, el Ministerio Público incautó bienes muebles e inmuebles por una suma que superó los 3 mil millones de pesos, entre ellos vehÃculos de lujo, casas, dinero en efectivo y joyas.