Nuevos antecedentes publicados por The New York Times, el diario estadounidense, señalan que en enero un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Santiago advirtió a Guillermo Petersen, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sobre riesgos vinculados al proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong.
Según el reportaje, el mensaje de la representación estadounidense fue directo: avanzar con la iniciativa podía aumentar el riesgo de ciberataques provenientes de China y derivar en prohibiciones de viaje para los involucrados, incluidos cónyuges e hijos. La reunión entre el diplomático y Guillermo Petersen, funcionario chileno, duró apenas seis minutos, según la nota.
Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones en ese momento, calificó luego lo ocurrido como "básicamente una amenaza". Pese a esa advertencia, cerca de un mes después el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de entrada contra funcionarios chilenos vinculados al proyecto y sus familiares, argumentando que sus acciones habían "comprometido la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional".
El reportaje además contextualiza que la administración de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, utilizó previamente las visas como herramienta de presión en América Latina, según documentos y fuentes citadas por The New York Times. Ese precedente explica por qué la advertencia estadounidense fue percibida con gravedad por autoridades chilenas.
Políticamente, el episodio abre una doble lectura. Por un lado, Estados Unidos refuerza su capacidad de influencia en decisiones de infraestructura estratégica en la región. Por otro lado, el gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile, enfrenta costos reputacionales y operativos: pérdida de autonomía diplomática percibida y riesgo de aislar a funcionarios clave. Los actores privados que podrían participar en el proyecto también pierden certidumbre, lo que afecta plazos y inversión.
Para el ciudadano común las implicancias son tangibles. Proyectos de conectividad internacional pueden retrasarse, la seguridad de redes críticas queda en debate público y la clausura de vías de viaje para autoridades complica relaciones bilaterales y familiares. En términos electorales, aumentan los argumentos de la oposición y la atención sobre la relación de Chile con China y EE.UU., tema que ya aparece en encuestas y debates públicos.
El gobierno no ha entregado una cronología pública completa de las advertencias y las decisiones internas que siguieron. Lo confirmado por la prensa es que el cable mide 19.300 kilómetros, la reunión diplomática en Santiago fue de seis minutos, y, según The New York Times, cerca de un mes después el Departamento de Estado anunció restricciones de entrada a funcionarios chilenos y sus familiares. Queda por aclarar oficialmente qué información recibió el gabinete y qué medidas administrativas internas se tomaron tras la notificación estadounidense.
