Un archivo enviado al destinatario equivocado. Una credencial comprometida. Una base de datos mal configurada. Con la nueva norma, ese tipo de errores puede derivar en sanciones millonarias y daño reputacional difícil de revertir. El plazo para que las empresas chilenas ordenen su gestión de datos vence el próximo 1 de diciembre.
La Ley N° 21.719 incorpora estándares similares al RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), el marco europeo vigente desde 2018. La norma exige a las organizaciones demostrar que cuentan con medidas adecuadas para proteger la información que administran. También obliga a reportar cualquier incidente de seguridad de forma oportuna. El organismo que velará por el cumplimiento es la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, con facultades para fiscalizar, investigar y sancionar.
Kenneth Daniels, gerente general de Widefense, empresa chilena de ciberseguridad, apunta a un problema de percepción. "Muchas organizaciones siguen pensando que una filtración de datos es un problema tecnológico. En realidad, hoy es un riesgo de negocio que debe estar en la agenda del directorio", señaló.
La consecuencia más inmediata, según Daniels, no es la multa: es la pérdida de confianza. Cuando un cliente descubre que su información quedó expuesta, la percepción de seguridad cambia por completo. Recuperar esa confianza puede tomar años y, en muchos casos, termina siendo más costoso que cualquier sanción.
El ejecutivo advierte que muchas empresas todavía responden de forma reactiva: invierten en protección solo después de sufrir un incidente. Cuando los datos ya se filtraron, el daño ya ocurrió. La nueva ley entra en vigor el 1 de diciembre de 2026. Las infracciones más graves contemplan sanciones de 20.000 UTM, equivalentes a cerca de $1.400 millones.
