Si el Estado va a robustecer el brazo que acusa, tiene la obligación democrática de fortalecer también el brazo que garantiza la justicia de ese proceso. Investigar, acusar y juzgar son los pilares fundamentales de nuestro sistema de justicia penal, una premisa que cobra aún más fuerza hoy, cuando se enfrenta la amenaza del crimen organizado.
Hablamos de una criminalidad distinta: planificada, sofisticada, severa y frÃa en la preparación y comisión de sus delitos. Por lo mismo, existe un consenso transversal en que el Estado debe organizarse con urgencia, dotándose de nuevas herramientas, un Ministerio Público fortalecido y una Fiscalía Supraterritorial capaz de perseguir estas complejas estructuras.
Desde la DefensorÃa Penal Pública lo hemos dicho con claridad en diversas ocasiones: no nos oponemos al fortalecimiento de la persecución penal. Al contrario, potenciar a la Fiscalía es un deber ineludible del Estado.
Sin embargo, para que esta estrategia sea exitosa dentro de los márgenes de un Estado de Derecho, existe una condición mÃnima: las instituciones que actúan como su necesario contrapeso también deben contar con las herramientas y recursos suficientes. Solo asà se puede limitar el poder punitivo del Estado y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas.
Cabe hacerse una pregunta incómoda pero indispensable: ¿Qué pasa si las personas investigadas y acusadas no forman parte del crimen organizado? ¿Qué ocurre si dentro de una gran red criminal se incluye a alguien que no guarda relación alguna con el delito y es, en realidad, inocente?
