El Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó prisión preventiva para otros dos integrantes del grupo que asesinó a Alejandro Águila, el niño de 12 años arrastrado por un automóvil durante una encerrona la madrugada del miércoles 23 de junio.
Con esta resolución, cinco de los seis imputados quedan privados de libertad. La investigación, conducida por el fiscal Leonardo Tapia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, estableció que cinco de ellos participaron directamente en los hechos, aunque con distintos roles en cada uno de los tres asaltos.
Uno de los nuevos detenidos, de 18 años, se presentó voluntariamente en la 62° Comisaría de Carabineros de San Bernardo. El otro, de 23 años, fue capturado por efectivos del OS-9, la unidad de operaciones especiales de Carabineros, en la comuna de Puente Alto. Ambos reconocieron en primera instancia su participación, y registros de cámaras de seguridad, evidencia científica y declaraciones de testigos los ubicaron en los lugares de los hechos.
Los primeros cuatro imputados habían sido formalizados el miércoles. Dos mayores de edad, de 18 y 21 años, recibieron prisión preventiva. Los otros dos, ambos de 17 años, quedaron con internación provisoria por ser menores de edad. Los cuatro enfrentan cargos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.
La pesquisa reconstruyó tres asaltos en cadena ocurridos en las inmediaciones de la Ruta 5 Sur. En el primero, el grupo atacó a un trabajador y a un conductor en un servicentro Shell y se apoderó de una camioneta. En el segundo, golpearon a un carabinero que estaba de franco en un paradero de locomoción colectiva, le fracturaron la clavícula y le robaron su mochila. En el tercer asalto, arrebataron el vehículo a la tía de Alejandro y el niño murió arrastrado por ese mismo automóvil.
La investigación también determinó que hubo cambios en la composición del grupo entre un asalto y otro: al menos un integrante abandonó la banda y fue reemplazado por otro antes del ataque final. Esa variación explica por qué la Fiscalía está precisando los cargos específicos para cada detenido según su participación concreta en cada hecho.
El proceso enfrenta ahora la tarea de delimitar el grado de responsabilidad de cada uno de los seis imputados antes de que el fiscal Tapia presente la acusación formal.