Un tribunal chileno condenó esta semana a Schafik Nazal, exjefe de Inteligencia del Ejército, y a Juan Poblete, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, por el espionaje telefónico perpetrado contra el periodista Mauricio Weibel entre 2016 y 2017. El fallo resuena mucho más allá de las fronteras nacionales.

"Este fallo es histórico no solo por quienes fuimos afectados, sino porque es la primera vez en la historia del mundo en que se condena a quienes encabezan operaciones de espionaje contra periodistas", dijo Weibel en el programa Una Nueva Mañana de Cooperativa. El periodista subrayó que ni el caso Pegasus en México, ni las persecuciones a comunicadores en Nicaragua, El Salvador o Rusia produjeron condenas equivalentes.

La operación, bautizada como "Operación Topógrafo" o "Operación W", tenía un objetivo preciso: identificar las fuentes que alimentaban las investigaciones de Weibel sobre el "Milicogate", el millonario fraude con fondos públicos al interior de las Fuerzas Armadas. Para lograrlo, sus interceptores asociaron el número telefónico del periodista al nombre ficticio de una ciudadana boliviana presentada como una "peligrosa agente" extranjera, una trampa construida desde adentro del aparato militar.

El camino hacia la condena no fue sencillo. Weibel relató que conseguir los documentos fue una tarea ardua y que parte de la información directamente "no existía" porque intentaron ocultarla. A eso se sumó el respaldo político que la operación recibió desde el Ministerio de Defensa. "Hubo tres ministros de Defensa que defendieron esta operación ante el Congreso", recordó el periodista, señalando entre ellos a Alberto Espina y Baldo Prokurica.

El fallo llega, sin embargo, en un momento incómodo para la libertad de prensa. Weibel aprovechó la oportunidad para advertir sobre un proyecto de ley en tramitación en el Senado que, en su opinión, contradice de frente el espíritu de esta sentencia. La iniciativa, impulsada por los senadores del Socialismo Democrático Pedro Araya y Alfonso De Urresti, busca restringir la difusión de antecedentes sobre investigaciones penales en curso. Para el periodista, eso equivale a una "ley mordaza": "Los periodistas no podríamos publicar sobre investigaciones judiciales en curso respecto del Tren de Aragua", advirtió, poniendo nombre y caso concreto a las consecuencias de su eventual aprobación.