En el último tiempo hemos presenciado una alarmante banalización de los derechos humanos y la memoria histórica. Bajo la excusa de que ciertos símbolos serían «solo una vestimenta», se llega incluso a la apología del dolor, ignorando que el trauma en Chile sigue abierto, sin ser procesado ni superado como corresponde.
Han pasado más de cincuenta años y el camino hacia la justicia y la reparación sigue inconcluso: de las más de 3.200 personas asesinadas o desaparecidas por agentes del Estado, aún ignoramos el paradero exacto de más de 1.100 compatriotas. Persisten silencios frente a fosas comunes y sigue ausente un perdón genuino, anclado a un compromiso real de no repetición.
Naciones fragmentadas por la guerra, como Alemania y Japón, comprendieron que la reconstrucción no se limita a levantar ciudades o reactivar economías; exige también sanar el tejido social. Por ello, asumieron sus responsabilidades, pidieron perdón y establecieron políticas de Estado permanentes en torno a la memoria y la reparación.
Entendieron que, cuando un Estado ejerce violencia sistemática contra su propia población, las secuelas atraviesan a generaciones enteras. En Chile, por el contrario, persisten sectores que relativizan el dolor y reducen los crímenes de lesa humanidad a meras trincheras ideológicas, olvidando que defender los derechos humanos es, ante todo, defender la dignidad intrínseca de las personas.
Es precisamente en este escenario de negacionismo donde cobra vital relevancia el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS). El PRAIS no es un privilegio ni una concesión política: es una medida mínima de reparación frente al daño infligido por el propio Estado.