POLÍTICA Embargos del CAE: la ley de Boric que facilitó las retenciones La reciente ofensiva de la Tesorería General de la República (TGR) para retener fondos de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha desatado un intenso debate en el ámbito legal chileno. Mientras los expertos discuten si el organismo tiene la atribución de aplicar las herramientas del Código Tributario para este fin, un aspecto clave ha emergido en la discusión: el impacto de la Ley de Cumplimiento Tributario (N° 21.713), una legislación promulgada por la administración del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2024 que facilitó la rapidez de estas retenciones.
Esta normativa fue diseñada originalmente con el objetivo de dotar de mejores herramientas al Estado para perseguir la evasión fiscal y fomentar el pago de tributos. Sin embargo, su aplicación terminó modificando sustancialmente las reglas del juego para cobros de otra índole, como los educativos.
Específicamente, la ley reformó el artículo 170 del Código Tributario,兵 ampliando de manera drástica el abanico de bienes susceptibles de ser embargados. Antes de este cambio legal, el mencionado artículo se limitaba a normar el embargo sobre las remuneraciones de las personas deudoras.
Con la modificación aprobada, el texto establece expresamente que: "la ejecución podrá recaer sobre los dineros, créditos y cualquier otra prestación en dinero que tenga derecho a percibir el ejecutado". Además, faculta a los tesoreros regionales o provinciales para dictar resoluciones administrativas que ordenen de manera directa la retención de estos recursos financieros, notificando por vías electrónicas a las entidades correspondientes.
A nivel local, este endurecimiento de las cobranzas estatales ya ha sumado capítulos judiciales. En la zona, la Corte de Apelaciones de La Serena declaró inadmisible el primer recurso de protección interpuesto por una deudora de Ovalle que buscaba frenar el embargo de sus fondos bancarios, lo que evidencia cómo la presión para recuperar estos dineros se ha intensificado en todo el territorio nacional, en paralelo al despliegue de un plan para recuperar recursos que incluye convenios de pago y acciones judiciales masivas.