La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente ordenó este jueves registros en el Congreso Nacional en Valparaíso y en domicilios de la Región Metropolitana dentro de una indagatoria sobre contratos de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB). Las diligencias estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y su Brigada Anticorrupción.

La pesquisa se focalizó en las oficinas de dos parlamentarios, entre ellos Sergio Gahona, senador por la Región de Coquimbo, y en dependencias vinculadas al legislador Miguel Ángel Calisto. La causa investiga la eventual comisión de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco, delitos que la fiscalía asocia a licitaciones y a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el sistema estatal que provee alimentación a estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.

Según el director de JUNAEB, Fernando Peña, la investigación se inició tras una auditoría encargada en mayo para revisar licitaciones y contratos aprobados en la gestión de su antecesora, Camila Rubio. En ese informe se habrían detectado alertas que motivaron la intervención de la fiscalía, según fuentes vinculadas al caso.

Tras el registro, Sergio Gahona publicó un comunicado en el que dijo estar "tranquilo" y que ha colaborado con los investigadores. "Soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad", afirmó el senador, que pertenece a la coalición Chile Vamos. Su defensa ha señalado que pondrá todos los antecedentes a disposición de la fiscalía para descartar vínculos con redes de corrupción.

Los registros en el Congreso y en inmuebles particulares subrayan el impacto político de la investigación. En Chile, los escándalos por contrataciones públicas suelen generar presión mediática, solicitudes de explicaciones a parlamentarios y cuestionamientos sobre la gestión de programas sociales. En este caso, la principal preocupación para la ciudadanía es la posible afectación al PAE, que atiende a miles de estudiantes vulnerables.

La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente instruyó las diligencias este jueves, la auditoría que originó la causa data de mayo y, hasta ahora, no se han formalizado cargos en la investigación abierta por la JUNAEB. La fiscalía continuará con peritajes y la recopilación de documentación relacionada con las licitaciones señaladas.