Suprema fija plan de fiscalización a notarías y conservadores e incluye vigilancia de aranceles y transparencia tarifaria La labor de inspeccionar los oficios se le quitó a los ministros visitadores y se le transfirió a los fiscales judiciales. Serán ellos quienes ahora podrán, junto al Sernac, controlar que las tarifas máximas sean respetadas.
Este martes Jorge Pizarro, del máximo tribunal, enviará un oficio informando. Cuando la reforma notarial y registral comenzó a regir el 2 de abril, ese mismo día a todos los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones del país se les sumó más trabajo a sus labores.
La razón apunta a que la reforma le quitó la función fiscalizadora a los ministros visitadores y la dejó en manos de los fiscales judiciales. Una labor que ahora incluso pueden ejecutar junto al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Para ejercer esta nueva función, en las semanas previas a la entrada en vigencia de esta normativa la Academia Judicial hizo capacitaciones y un curso de inducción. Sin embargo, entre varios fiscales judiciales había ruido respecto de la necesidad de que fuera el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, quien elaborara el plan anual de supervisión y control del ejercicio de la función notarial y registral.
De hecho la semana pasada, cuando se hizo una ceremonia por el inicio de esta ley, fue la fiscal judicial de Valparaíso Nel Greeven quien se refirió a la necesidad de contar con una pauta y una directriz emanada desde el máximo tribunal. Algo similar habían planteado en privado notarios y conservadores, quienes en los días previos estaban interesados en saber cómo se iba a ejecutar esta parte de la nueva ley.