La Contraloría Regional de Valparaíso determinó que una resolución dictada por la Subsecretaría de Pesca en 2025 -durante la Administración Boric-, y que permitía incorporar a cerca de 12 mil nuevos trabajadores al Registro Pesquero Artesanal (RPA), no se ajustó a derecho. Lo resuelto por el órgano fiscalizador responde a presentaciones de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y organizaciones de pescadores artesanales, que cuestionaban que se facilitara la inscripción de miles de personas en pesquerías bajo restricciones de acceso, como jurel, jibia, reineta, merluza de cola, camarón nailon y langostinos, entre otras especies.
Según consigna Emol, la otrora Subsecretaría de Pesca basó su dictamen en la Ley de Fraccionamiento Pesquero, la cual modificó la distribución de cuotas entre los sectores industrial y artesanal, pero el ente contralor expuso que dicha norma no faculta la reapertura de registros cerrados, ni la incorporación de nuevos actores a pesquerías consideradas en plena explotación. Asimismo, la repartición porteña advirtió una falta de respaldo técnico suficiente para sustentar la medida del gobierno anterior.
De este modo, el organismo dio un plazo de 15 días hábiles a la actual Subsecretaría de Pesca -a cargo de Osvaldo Urrutia- para informar las acciones adoptadas con el fin de regularizar la situación. "Otra ilegalidad de la Administración anterior" Consultado al respecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que la medida objetada "es otra ilegalidad de la Administración anterior, que parece ser un estilo de gobernar" de sus predecesores.
Dicho esto, el secretario de Estado prometió que "vamos a hacer cumplir la ley, y a aplicarla de la forma que cause menos perjuicio para los pescadores en el tiempo". Más temprano, el subsecretario Urrutia lamentó que la resolución generase expectativas en miles de pescadores sin contar con el sustento legal requerido, pero también garantizó que la cartera cumplirá con las instrucciones de la Contraloría.
Por su parte, Sonapesca valoró la decisión del organismo, e instó a evaluar los efectos que la medida produjo durante el periodo en que estuvo vigente.