La Contraloría General de la República publicó este jueves un dictamen que complica el legado político de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad. El organismo fiscalizador determinó que la exsecretaria de Estado se excedió en sus atribuciones al enviar un oficio reservado a la Policía de Investigaciones (PDI) solicitando datos sobre traslados de funcionarios a otras zonas del país.
El pronunciamiento activó de inmediato el debate parlamentario. Algunas voces ya exploraban presentar una acusación constitucional contra Steinert. Pero la presidenta del Senado, Paulina Núñez (Renovación Nacional), salió a enfriar los ánimos: "Hay que concentrarse en los problemas reales de las personas", dijo la senadora tras reunirse con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Núñez recordó que, hace pocos días, parlamentarios de todo el espectro político cuestionaron la acusación constitucional contra el exministro de Obras Públicas Juan Carlos Grau, argumentando que el instrumento distraía la agenda legislativa. "Me parece que seguir con acusaciones de allá o de acá no ayuda en nada para que podamos sacar adelante y responder a las necesidades ciudadanas", sostuvo.
El mensaje más político apuntó directo a la oposición. Núñez advirtió que esperaba que los mismos parlamentarios que se opusieron a la acusación de Grau mantuvieran su postura. "Yo espero que las mismas voces, sobre todo de la oposición, que dijeron que no era tiempo de acusaciones, hoy día no se cambien rápidamente la chaqueta", les dijo, según informó La Tercera.
La Contraloría precisó que la actuación de Steinert "no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial", y que tampoco se avenga con su deber de abstención. La exministra ya había dejado el cargo cuando se publicó el fallo. La decisión de avanzar con una acusación constitucional, o no, queda ahora en manos de los partidos de oposición.
