El Tribunal Constitucional (TC) declaró el martes cuatro artículos del proyecto de Escuelas Protegidas como inconstitucionales, un revés directo a una de las iniciativas más relevantes del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La decisión, notificada mediante un comunicado del propio organismo, tomó por sorpresa a La Moneda, pese a que el proyecto había superado sin problemas el trámite en el Congreso.
La impugnación fue obra de parlamentarios de oposición, que recurrieron al TC ante la resistencia que les generaba la ley. El tribunal acogió sus argumentos y tumbó cuatro artículos. El más sensible era el que restringía el acceso a la gratuidad universitaria para escolares condenados por conductas que afectaran la convivencia en los colegios.
Ese punto tiene un peso que va más allá de Escuelas Protegidas. La misma restricción de beneficios sociales es pieza central del Registro Nacional de Vándalos, otro proyecto prioritario del Ejecutivo que busca penalizar el vandalismo y las incivilidades con la pérdida de bonos, subsidios y la Pensión Garantizada Universal (PGU), el aporte mensual del Estado para adultos mayores de bajos recursos. El fallo del TC abre interrogantes sobre la viabilidad de ese mecanismo cuando el Gobierno enfrente el debate de esa segunda ley.
Ante ese escenario, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, militante de la UDI (Unión Demócrata Independiente), planteó anoche en CNN Chile una posible salida. Diputados de su partido propusieron presentar un proyecto que modifique directamente la Carta Magna, de modo que las disposiciones objetadas por el TC puedan incorporarse válidamente tanto en Escuelas Protegidas como en el Registro Nacional de Vándalos. Alvarado reconoció que la solución exigiría "buscar una fórmula más de fondo".
El biministro, que encabeza simultáneamente los ministerios del Interior y la Segegob, anticipó que el Gobierno aguarda conocer la totalidad del fallo antes de definir el camino. La propuesta de reforma constitucional, impulsada por diputados UDI, obligaría al Ejecutivo a negociar en el Congreso con los mismos sectores de oposición que ya acudieron al TC para frenar estas iniciativas.
