La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió una iniciativa del gobierno central para crear la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), una nueva institución encargada de regular y supervisar los proyectos de infraestructura y servicios públicos desarrollados bajo colaboración entre el Estado y empresas privadas. El proyecto de la “Ley de Alianzas Público Privadas”, define que la DAPP funcionaría como una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus atribuciones.
Entre sus funciones principales figuran la formulación, revisión, estructuración y aprobación de proyectos de Alianzas Público Privadas (APP), abarcando aspectos financieros y técnicos. El documento señala que esta no podrá ser controlada por otras dependencias estatales para sus funciones.
La propuesta establece que las APP serán contratos a largo plazo entre entidades del Estado y agentes privados para la prestación de servicios públicos y/o infraestructura. Estos acuerdos deben contemplar una distribución de riesgos y mecanismos de pago vinculados al cumplimiento de estándares de calidad.
Los contratos podrán extenderse hasta un máximo de cincuenta años, incluidas eventuales prórrogas. Autoridades responsables y alcance institucional Según la iniciativa, podrán participar en las APP el Órgano Ejecutivo, las instituciones autónomas y las municipalidades, cada cual en el marco de sus competencias.
El esquema distingue contratos autosostenibles —en los que la retribución privada proviene directamente de los usuarios— de los cofinanciados, donde el Estado participa con pagos o garantías. La DAPP sería dirigida por un director nacional y un subdirector, ambos nombrados por el Ministro de Hacienda.