El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió este martes explicaciones al embajador estadounidense Brandon Judd, luego de que Estados Unidos anunciara la revocatoria de visados a tres funcionarios del Gobierno del presidente Gabriel Boric. La Cancillería calificó la medida de sorpresiva y señaló que no hubo notificación previa por los canales diplomáticos habituales.
En ese contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, justificó la decisión señalando que los funcionarios serían una amenaza para la seguridad regional, según informó Europa Press. El Gobierno chileno dice desconocer por ahora la identidad de las personas afectadas y exigirá información precisa sobre los motivos y la lista completa de sancionados.
El presidente Gabriel Boric rechazó públicamente la imputación y calificó las sanciones de unilaterales. "Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley", dijo el jefe de Estado. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, será quien se entreviste con el embajador para demandar explicaciones formales.
La Cancillería sostuvo que no es práctica diplomática anunciar sanciones públicamente sin notificación oficial previa y destacó que la conducta comunicada por Estados Unidos no se ajusta a la historia de diálogo y cooperación que ambos países han mantenido. Esta forma de actuar tensiona canales que se usan para coordinar asuntos como seguridad, cooperación en justicia y programas de intercambio que benefician a ciudadanos de ambos países.
Históricamente, Estados Unidos ha recurrido a restricciones de visados como herramienta de política exterior en América Latina, pero en el pasado esas medidas suelen ir acompañadas de canales de comunicación bilateral. En este caso, la falta de aviso pone a prueba la relación y abre una ventana política interna: el Gobierno de Boric queda en la defensiva y la oposición puede usar el episodio para cuestionar la gestión en relaciones exteriores.
Quien gana en el corto plazo es la narrativa de Estados Unidos sobre control de amenazas regionales; quien pierde es la confianza institucional entre ambos gobiernos y, potencialmente, la cooperación práctica. Para el ciudadano común, la disputa puede traducirse en una mayor politización de la agenda exterior y en riesgos para acuerdos de seguridad y programas de intercambio, aunque por ahora no hay indicios de medidas que afecten directamente a viajes o comercio.
Los próximos pasos son concretos: la reunión entre van Klaveren y Brandon Judd, la entrega de la lista de funcionarios sancionados y la explicación de los fundamentos. Si Washington no entrega información clara por canales oficiales, la tensión bilateral probablemente se prolongará y obligará a Chile a buscar apoyos diplomáticos regionales o multilaterales para respaldar su reclamo.