La Contraloría General de la República dictaminó este jueves que Trinidad Steinert, exministra de Seguridad Pública, excedió sus atribuciones al solicitar información sobre Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI). El fallo también establece que la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) nunca fue disuelta y sigue dependiendo directamente del titular del ramo.

Los diputados Tatiana Urrutia, del Frente Amplio (FA), y Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), habían pedido al ente contralor que determinara las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la polémica remoción de Peña y de la supuesta disolución de esa unidad.

La reacción opositora no tardó. Urrutia dijo a La Tercera que junto a parlamentarios de distintas bancadas "analizarán los pasos a seguir" y emplazó al Ejecutivo sin rodeos: "El Presidente Kast no puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico y también es de conducción".

Leiva, por su parte, descartó la acusación constitucional como primera medida. En conversación con 24 Horas, señaló que esa herramienta es de "última ratio" y que prefiere impulsar una comisión especial investigadora.

El ente contralor también determinó que Steinert debía abstenerse en el caso por un eventual conflicto de interés. Para Urrutia, el fallo da la razón a dos meses de advertencias: "El Presidente prefirió blindar a su ministra antes que hacerse cargo", sostuvo. La alternativa más concreta que circula en la oposición es la comisión especial investigadora que Leiva ya comenzó a promover.