Tribunal Ambiental revisa suspensión de faenas de Quiborax en el Salar de Surire y evalúa reapertura parcial tras dos años paralizadas Empresa pide operar entre mayo y diciembre en 12 polígonos, mientras el CDE advierte riesgo para el ecosistema completo y se opone a flexibilizar la medida cautelar vigente desde 2024. Noticias destacadas Quiborax, una de las principales empresas productivas de Arica, enfrenta un escenario complejo tras la paralización de sus operaciones en el Salar de Surire.
La medida cautelar mantiene en incertidumbre a más de 600 trabajadores directos, un número similar de empleos indirectos y a miles de familias vinculadas a la actividad minera en la zona. En ese contexto, el Tribunal Ambiental se encuentra revisando la suspensión de faenas y evalúa una eventual reapertura parcial, en el marco de la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto daño ambiental.
La restricción mantiene paralizadas las operaciones de la compañía, permitiendo solo labores acotadas como nivelación del terreno y retiro de material previamente acopiado para su traslado a la planta El Águila. Reapertura parcial Fue el abogado Hubo Botto el encargado de exponer la postura de las comunidades cercanas al sector potencialmente afectado según la demanda, afirmando que sus representados, los comuneros del Salar de Surire y Caracota, han sufrido un perjuicio económico, social y cultural a raíz de este proceso judicial.
Añade que “se ha producido un quiebre en la dinámica comunitaria, afectando la cohesión social, la colaboración entre familias y el equilibrio que históricamente ha permitido la subsistencia de este territorio”. Postura similar mantuvo el abogado de los sindicatos de trabajadores de la empresa, Gastón Padilla, quien relató la complicada situación que viven, no solo sus representados, sino también sus familias.
Ambos solicitaron sea acogida la solicitud de alzamiento de la medida cautelar, permitiendo a Quiborax la operación acotada en el Salar de Surire. CDE rechaza alzamiento En contraste, el CDE rechazó el alzamiento parcial de la medida, argumentando que persisten riesgos relevantes para el ecosistema del salar, en particular para la población de flamencos y sus procesos reproductivos.