El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, criticó este miércoles la reciente publicación del diario La Segunda que recordó su paso por el desaparecido anexo cárcel Capuchinos hace 23 años, caso MOP-Gate. Consultado en el Congreso sobre ese episodio judicial, el secretario de Estado dijo a los periodistas que "es una historia antigua, de hace un cuarto de siglo", y enfatizó que la información, al menos en la edición impresa, "fue publicada incompletamente, porque el final es que la propia jueza Chevesich me absolvió completamente".
Ante la insistencia de los medios por profundizar en el tema, Quiroz cerró el punto de prensa sentenciando: "No voy a hablar de historias de hace 25 años". Según consignó el martes un artículo de La Segunda, el 1 de abril de 2003 la actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich —en su calidad de ministra en visita—, sometió a proceso a Quiroz como autor del delito de estafa en perjuicio del Fisco y ordenó un embargo de bienes por 10 millones de pesos.
La investigación, conocida como la "arista Gerens" del caso MOP-Gate, apuntaba a un contrato de consultoría por 36,7 millones de pesos en el que, según la magistrada, se habría ideado un mecanismo para abultar el valor en 13 millones para el pago de sobresueldos. A raíz de esta resolución, Quiroz permaneció dos noches en Capuchinos, el famoso recinto penitenciario ubicado en Santiago que hasta el año 2005 albergó acusados por delitos económicos o de "cuello y corbata".
En su defensa, liderada por el hoy embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, se argumentó una "asimetría de información" y se destacó que el economista ni siquiera había prestado declaración antes de ser detenido. Posteriormente, la Corte de Apelaciones modificó la calificación jurídica de la imputación al delito de fraude al Fisco.
Finalmente, en 2016, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la absolución de Quiroz, estableciendo que no estaba acreditada "de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito" por parte del acusado y otros consultores privados. Asimismo, el fallo concluyó que los pagos cuestionados fueron "ideados por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP" bajo "condiciones impuestas de forma perentoria" que para los consultores privados resultaban "aceptables o plausibles".