Los cuatro ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaron del proceso de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, una situación poco habitual que obliga a trasladar el expediente a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Los magistrados José Ignacio Mora, Luis Aedo, Pedro Castro y Natalia Rencoret, presidenta del tribunal de la Región de Aysén, declararon el conflicto por haber fallado con anterioridad sobre los antecedentes investigativos en la primera solicitud de inmunidad parlamentaria del legislador, según informó T13.

La petición fue presentada por el fiscal regional Hernán Libedinsky el 25 de junio, al comunicar a la Corte su decisión de cerrar la investigación seguida contra el senador por fraude al fisco reiterado. Para que el Tribunal de Coyhaique pueda fijar la audiencia de preparación de juicio oral, el Ministerio Público requiere la autorización previa del tribunal de alzada competente.

La inhabilitación tiene raíces en el historial del caso. En septiembre de 2025, cuando Calisto aún ejercía como diputado, la Corte Suprema ratificó un primer desafuero en su contra. El ex militante de la Democracia Cristiana fue electo senador tres meses después, lo que le devolvió la inmunidad parlamentaria. La Fiscalía de Aysén lo formalizó de todas formas el 14 de enero y lo reformalizó el 10 de mayo, imputándole encabezar una red de asesorías fantasmas y haber recibido millonarias transferencias desde su asesora Carla Graf, también acusada en la causa.

La defensa del senador ha cuestionado la acusación presentada por la Fiscalía y buscado frenar el cierre de la investigación, argumentando que el organismo persecutor presentó los cargos sin notificarla previamente. La acusación solicita 12 años de cárcel para Calisto por un perjuicio que bordea los 100 millones de pesos al fisco.

Fuentes ligadas al proceso indicaron que el traslado a Puerto Montt no debería alterar los plazos de la indagatoria. La Fiscalía de Aysén, además, dio a conocer en los últimos días una nueva arista que investiga presuntos actos de corrupción del senador, cuyo alcance aún no ha sido precisado.