La persistente tensión en los pasillos del Congreso, alimentada por lo que ya se tildó como la âtemporada de acusaciones constitucionalesâ, terminó por activar una contraofensiva transversal, luego que un grupo de parlamentarios decidiera presentar una reforma constitucional que busca, en la práctica, elevar la valla técnica y los quórums necesarios para tramitar estos libelos, limitando lo que califican como un desborde polÃtico de la herramienta. La iniciativa, que tensiona el tablero de la fiscalización parlamentaria, está comandada por el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, junto al senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, y la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares.
El diseño, sin embargo, apostó por la transversalidad al sumar las firmas de los diputados Luis Pardo, Claudia Mora y Gael Yeomans, además del senador Diego Ibáñez, configurando un bloque que cruza distintos sectores polÃticos. Para los impulsores del proyecto, este fenómeno no solo genera un evidente desgaste institucional y profundiza la polarización, sino que termina por paralizar la gestión de las autoridades, sin importar el color polÃtico del gobierno de turno.
De hecho, los autores de la propuesta advirtieron que la ciudadanÃa ya no percibe estas acusaciones como un control serio, sino más bien como una pérdida de tiempo y una disputa estéril entre polÃticos que ocurre en paralelo a urgencias no resueltas, como el avance de la delincuencia, el estancamiento económico y el crecimiento de las listas de espera en salud. La reforma para frenar la âtemporada de acusaciones constitucionalesâ El corazón de la propuesta apunta directamente a modificar el artÃculo 52 de la Constitución a través de cuatro candados principales.
El primero ataca el origen del documento, duplicando el patrocinio requerido para presentar una acusación, elevándolo de 10 a un mÃnimo de 20 diputados. El segundo cambio eleva el costo de su aprobación: ya no bastará con la mayorÃa de los parlamentarios presentes en la sala, sino que se exigirá el respaldo de la mayorÃa de los diputados en ejercicio, fijando un piso polÃtico obligatorio de al menos 78 votos.
Las otras dos modificaciones apuntan al control de daños sobre el gabinete. Por un lado, se introduce una regla de gradualidad obligatoria para el caso de los ministros de Estado, exigiendo la realización previa de una interpelación como una forma de agotar el diálogo polÃtico antes de activar la opción de la destitución.