Las decisiones presupuestarias rara vez se presentan como lo que realmente son, decisiones polÃticas que definen qué derechos se garantizan y a quiénes se protege. Se envuelven en el lenguaje de la austeridad, la eficiencia y la inevitabilidad técnica, pero detrás de cada recorte opera una jerarquÃa que determina quiénes permanecen dentro y quiénes, una vez más, son excluidos.
En educación, esa jerarquÃa tiene nombre e historia. En Chile, el Oficio Circular n°16 del Ministerio de Hacienda contempla, entre sus ajustes para la formulación presupuestaria 2027, el eventual recorte al Programa de Reinserción Escolar.
El monto en juego â$1.816.979â no es una lÃnea más del presupuesto: es la única respuesta institucional que existe para miles de niños, niñas y jóvenes que ya fueron expulsados del sistema educativo. Recortar este programa no es un ajuste técnico.
Es una decisión sobre qué vidas el Estado considera prioritario sostener. Los datos del propio Ministerio de Educación lo confirman.
Un reporte del Centro de Estudios del Mineduc publicado en 2025 muestra que en 2024 la tasa de desvinculación alcanzó su mÃnimo histórico: 1,3%, equivalente a 40.063 estudiantes. Ese resultado no sucedió por azar.
