La empresa estatal china China Railway Construction Corporation (CRCC) niega que su concesión en Chile esté a la venta. Sin embargo, fuentes del mercado financiero, estudios de abogados y personas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sostienen lo contrario, según informó Diario Financiero. La ruta Talca-Chillán, que conecta ambas ciudades en las regiones del Maule y Ñuble, se convirtió en el principal problema de CRCC en el país.

La gigante asiática llegó a Chile en 2021 con esta carretera como su primera inversión en el mercado local de concesiones. Los problemas comenzaron en 2025, cuando el MOP empezó a multar a Survías, la filial de CRCC a cargo de la concesión, por incumplimientos en mantención, plazos y gestiones administrativas. Las sanciones sumaron cerca de 100.000 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), equivalentes a unos US$7,7 millones.

Ese fue solo el comienzo. En octubre de ese año, según lo establecido en el contrato, Survías debía pagar UF 1,7 millones (Unidad de Fomento, índice que reajusta valores según la inflación chilena), unos US$75 millones, por infraestructura preexistente en la ruta. El pago nunca llegó. El MOP ejecutó entonces las boletas de garantía de construcción y explotación por UF 800.000, cerca de US$35 millones. CRCC respondió llevando el conflicto a la Comisión Arbitral para frenar esa medida.

Detrás del litigio hay números que explican la magnitud del problema: Survías cerró 2025 con una deuda financiera de US$773 millones.

Fuentes de la antigua administración del MOP reconocieron que hacia fines del año pasado llegaron a la conclusión de que la situación "ya no daba más". La salida que se exploró fue convencer a CRCC de poner la concesión en venta. Para eso, representantes chilenos de la empresa y funcionarios del ministerio se reunieron con posibles compradores: ISA Intervial, uno de los principales operadores viales del país, el Grupo Costanera y la administradora de fondos Toesca. Ninguno mostró interés.

La postura oficial de CRCC sigue siendo que la concesión no está a la venta. Pero los movimientos en el mercado cuentan otra historia: Banco Santander ya tiene un mandato para llevar adelante ese proceso. El MOP, por su parte, también evalúa poner fin al contrato de forma unilateral.

Para los usuarios de la ruta, las opciones sobre la mesa tienen consecuencias directas. Si el MOP termina el contrato, el Estado tendría que asumir la administración de la carretera o llamar a una nueva licitación, un proceso que puede tomar años. En ese período, la vía quedaría sin operador formal, lo que suele traducirse en peores condiciones para quienes la transitan a diario.