La Cámara Baja del parlamento español le dio luz verde esta semana a una reforma del Código Penal con 178 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones. La norma convierte en delito las llamadas "terapias de conversión" y fija penas de seis meses a dos años de prisión para quienes las apliquen, incluso si la persona afectada prestó su consentimiento. La medida pasa ahora al Senado para continuar su tramitación antes de convertirse en ley.

La proposición fue impulsada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el partido de izquierda que gobierna en minoría junto a Sumar, una coalición de fuerzas progresistas. Los 32 votos en contra provinieron del partido ultraderechista Vox, mientras que el Partido Popular, la principal fuerza conservadora del país, se abstuvo con sus 137 votos.

Hasta ahora, estas prácticas ya estaban prohibidas en España bajo la denominada ley trans, pero solo como infracción administrativa sancionable con multas de entre 10.001 y 150.000 euros. La reforma las convierte en delito penal por primera vez, lo que permite que sus responsables enfrenten el sistema judicial y no solo una sanción económica.

El texto también prohíbe la entrega de ayudas públicas a personas u organizaciones condenadas por sentencia firme por actos discriminatorios o de violencia. Algunos partidos que apoyaron la iniciativa, entre ellos fuerzas de izquierda y partidos nacionalistas, pidieron que la ley fuera más lejos, planteando medidas concretas como facilitar vivienda y apoyo económico para que las víctimas puedan denunciar con mayor seguridad.

La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, señaló la semana pasada que el ministerio ha recibido denuncias individuales y colectivas sobre el uso de pseudoterapias contra personas LGTBI. En enero de 2025, la cartera abrió un expediente para investigar una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alertó sobre talleres realizados en siete diócesis del país con el fin de modificar la orientación sexual de sus participantes.

El proyecto seguirá su tramitación en el Senado, la Cámara Alta del parlamento español, donde deberá someterse a una nueva votación para avanzar hacia su aprobación definitiva.