Cabe destacar que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por parlamentarios socialistas luego de la divulgación de conversaciones vinculadas al denominado Caso Hermosilla. En concreto, los antecedentes fueron derivados a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que deberá determinar si existen eventuales responsabilidades penales asociadas al contenido de los mensajes y a las gestiones que allà se describen.
El respaldo incondicional a Zaliasnik La apertura de la indagatoria instaló interrogantes sobre la continuidad de Zaliasnik en uno de los cargos diplomáticos de mayor relevancia para la polÃtica exterior chilena. Sin embargo, desde el Ejecutivo descartaron adoptar medidas mientras la causa permanezca en etapa preliminar.
De esta forma, las declaraciones buscan cerrar, al menos por ahora, cualquier especulación respecto de una eventual remoción o suspensión del diplomático. Y es que desde La Moneda sostienen que la existencia de una investigación en curso no constituye por sà sola un antecedente suficiente para modificar una designación que corresponde a un cargo de exclusiva confianza presidencial.
Pero más allá de las definiciones polÃticas, especialistas advierten que el desarrollo de funciones diplomáticas en el extranjero no impide que la justicia chilena investigue eventuales delitos cometidos por un embajador. De hecho, la inmunidad diplomática protege a los representantes ante la jurisdicción del paÃs receptor, pero no frente a los tribunales de su propio Estado.
Con todo, las declaraciones del Ejecutivo no han logrado desactivar las crÃticas de quienes impulsaron la denuncia que dio origen a la investigación, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri. Los parlamentarios socialistas sostienen que, más allá del resultado de las diligencias, la permanencia de Zaliasnik en un cargo de representación internacional afecta la imagen institucional del paÃs mientras los antecedentes son esclarecidos por la FiscalÃa.