La Cámara de Diputadas y Diputados dio este martes el primer paso para prohibir las carreras de perros en Chile, al aprobar en general el proyecto que busca eliminar estas competencias clandestinas. La votación fue de 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa ahora volverá a la Comisión de Medio Ambiente para que se voten sus artículos puntuales.

Durante una sesión especial iniciada pasadas las 19:30, la sala rechazó una moción alternativa que proponía regular las carreras, con 68 votos en contra, 50 a favor y 10 abstenciones. En la discusión se enfrentaron dos posturas claras: prohibición y sanción penal, frente a regulación estricta. El proyecto no apunta solo a los galgos, sino a todos los perros, para evitar vacíos legales.

La iniciativa modifica la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, conocida como Ley Cholito, y establece sanciones severas. El texto contempla penas de presidio menor en su grado medio para quienes organicen estos eventos. También fija multas en Unidad Tributaria Mensual, UTM, que es la unidad de cuenta usada para multas; los montos propuestos van de 20 a 40 UTM para organizadores, y de 5 a 20 UTM para quienes promuevan o difundan las carreras. Además, incluye la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales para quienes sean sancionados.

Respecto al destino de los animales, el proyecto manda que los perros detectados en estas actividades sean rescatados y entregados a organizaciones registradas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro promotoras de la tenencia responsable. La redacción final sobre este punto aún debe precisarse en la Comisión de Medio Ambiente.

Históricamente, Chile ha ido ampliando normas de protección animal y la Ley Cholito marcó un precedente al regular la tenencia responsable. Este proyecto continúa esa tendencia, pero cambia la estrategia legal: pasa de sanciones administrativas a incluir responsabilidad penal y prohibiciones permanentes. Ganarán las organizaciones de bienestar animal y los perros, al reducirse espacios para el maltrato. Perderán quienes organizan y financian estas carreras, y quienes participen como promotores o difusores.

En la práctica, la eficacia dependererá de la capacidad de fiscalización. La criminalización puede empujar estas actividades a la clandestinidad si no hay coordinación entre el Congreso, las municipalidades y Carabineros para detectar, sancionar y rescatar animales. También implica costos administrativos para el resguardo y la entrega de perros a organizaciones, y exigirá reglas claras para el Registro Nacional mencionado.

La votación en general cerró el paso legislativo actual, con 80 votos a favor, 41 en contra y 7 abstenciones; la moción regulatoria fue rechazada con 68 votos en contra. El próximo paso es que la Comisión de Medio Ambiente someta a votación cada artículo y precise la redacción y el mecanismo de fiscalización, fecha que aún no ha sido fijada.