La concesionaria Ruta del Loa, vinculada al grupo colombiano Isa Vías, presentó ante el Panel Técnico de Concesiones, organismo que arbitra disputas entre el Estado y las empresas viales, una solicitud de compensación de UF 921 mil, equivalente a cerca de US$ 40 millones, al Ministerio de Obras Públicas (MOP). El reclamo surge por cuatro años de paralización en el Sector B de la carretera, donde se proyecta construir un viaducto sobre el río Loa, en la zona de Yalquincha, Región de Antofagasta.
La historia comenzó en julio de 2019, cuando la concesionaria ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En octubre de 2020 obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, y el SEA determinó que las obras no requerían consulta indígena porque no afectaban directamente a las comunidades del sector. Esa decisión se convirtió después en el detonante del conflicto.
El primer episodio de tensión llegó en octubre de 2021. Un habitante que se identificó como representante de la comunidad amenazó a un equipo de trabajo y los obligó a suspender las faenas. Dos días después, miembros de las comunidades atacameñas Kamac Mayu Hijos de Yalquincha e Yalquincha Lickan Ichai Paatcha instalaron barricadas y vehículos para bloquear el acceso al valle, impidiendo el ingreso de trabajadores de Ferrovial, la empresa española que ejecuta las obras como contratista principal. Durante noviembre de ese año se registraron nuevas agresiones contra equipos de topografía y monitoreo ambiental.
La empresa solicitó en reiteradas ocasiones al Inspector Fiscal, el representante del MOP en terreno, que coordinara la presencia de fuerzas de orden para proteger a los trabajadores. Según el escrito de discrepancia ingresado al Panel Técnico, esa gestión no fue suficiente para reanudar las faenas, y la paralización se extendió por cuatro años.
El Panel Técnico de Concesiones deberá determinar si el MOP incumplió sus obligaciones contractuales al no garantizar el acceso a la obra. Si falla a favor de Ruta del Loa, el pago de US$ 40 millones recaería sobre las arcas fiscales.
