El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones, publicó en el Diario Oficial el llamado a licitación para la concesión del proyecto de una nueva cárcel en Calama. El recinto proyectado tendrá una superficie total de aproximadamente 71.858 metros cuadrados y una capacidad para 1.850 personas privadas de libertad, según la propuesta arquitectónica. La obra se emplazará en un terreno fiscal ubicado en la Ruta B-195, en intersección con la Ruta 23, en la comuna de Calama, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. El presupuesto oficial estimado es de UF 8.690.107, monto que no incluye el IVA. El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, afirmó que el país necesita más capacidad penitenciaria y recintos modernos que integren tecnología y estándares de calidad para que el sistema funcione de manera ordenada. Desde el MOP, en coordinación con el Ministerio de Justicia, se señaló que la infraestructura se pone al servicio de una prioridad nacional: recuperar capacidad para enfrentar el delito y fortalecer la seguridad de las familias, administrando recintos con estándares modernos y responsables. La licitación será internacional y podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consideradas individualmente o dentro de un grupo licitante, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos en la Ley de Concesiones, su reglamento y las Bases de Licitación. Se prevé que las ofertas sean recibidas por la Comisión de Apertura en un acto público el 24 de noviembre de 2026, a las 12.00 horas, en el auditórium del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en Morandé número 71, piso 3, en Santiago. Asimismo, la apertura de las ofertas económicas está programada para el 22 de diciembre de 2026, a las 12.00 horas, en el mismo recinto. El proyecto contempla la construcción de la cárcel, su conservación y operación en Calama, según explicaron desde la cartera. Este proceso se enmarca en una estrategia más amplia del Estado para modernizar la infraestructura penitenciaria y fortalecer la gestión de los recintos de seguridad pública en la región norte del país, con especial atención a la protección de comunidades y la prestación de servicios de seguridad y justicia.