La Fiscalía de Aysén solicitó 12 años de cárcel para el senador Miguel Ángel Calisto, imputado como autor del delito de fraude al fisco. La acusación gira en torno a los contratos que firmó Carla Graf Toledo, quien figura como asesora parlamentaria entre marzo de 2018 y febrero de 2022, cuando Calisto ejercía como diputado, pero cuyo trabajo nunca pudo acreditarse ante el tribunal.

Según consignó T13 a partir de documentos del Ministerio Público, Graf cobró más de 105 millones de pesos en ese período sin haber producido los estudios demográficos, socioeconómicos ni los informes de asesoría comunicacional que sus contratos exigían. Las diligencias policiales tampoco encontraron registros de reuniones con la sociedad civil que respaldaran sus funciones.

Detrás del esquema está Roland Cárcamo Catalán, antiguo asesor de Calisto y colaborador de su campaña política cuando el entonces militante de la DC, la Democracia Cristiana, buscaba escaño en el Congreso. Cárcamo era funcionario público del Servicio de Salud de Aysén y no podía optar a un cargo en Valparaíso, sede del Parlamento. La solución fue designar en ese puesto a su esposa: Carla Graf, profesora diferencial que trabajaba en la región del extremo sur.

El primer contrato que firmó Graf data del 3 de abril de 2018 y estipulaba un pago mensual de 2.762.501 pesos. En mayo el monto bajó en un millón, pero en junio volvió a subir en 1,6 millones. El 22 de julio, en plena pandemia, el salario ascendió a 3.165.000 pesos. Cada una de esas modificaciones, según la Fiscalía, fue instruida directamente por el diputado Calisto, mientras las funciones de Graf permanecían, en los papeles, inalteradas.

El documento denominado "Hitos Carla Graf" es una de las pruebas centrales del caso. La investigación, liderada por el fiscal regional Hernán Libedinsky, concluyó que Graf "no desarrolló, escribió, ni entregó al parlamentario Calisto ningún estudio referido a materias demográficas o socioeconómicas", pese a que los contratos firmados en el Congreso lo exigían expresamente. La PDI (Policía de Investigaciones de Chile) también aportó evidencia que apunta a vincular los pagos con instrucciones directas del entonces parlamentario.

El juicio oral está en curso. El Ministerio Público califica a Calisto como autor del fraude, figura que lo expone a la pena máxima solicitada de 12 años de prisión.