Política19 de Junio de 2026 Elevar mínimo de patrocinios y establecer una interpelación previa: en qué consisten los proyectos para reformar la acusación constitucional Aumentar de 10 a 20 el número de firmas mínimas para presentar una AC, así como requerir de una rendición de cuentas previas de la autoridad cuestionada son algunas de las iniciativas contempladas en dos proyectos que esta mañana presentó un grupo transversal de senadores y diputados, donde no figuran representantes republicanos ni del PC. Los libertarios, por su parte, presentarán su propia iniciativa para que también se pueda acusar al fiscal nacional y fiscales regionales.
Compartir Desde el Frente Amplio hasta la UDI. Esa era la transversalidad de los diputados y senadores que esta mañana presentaron en el Congreso en Santiago dos proyectos de reforma constitucional que tienen la misma finalidad: introducir cambios a la herramienta de la acusación constitucional, de manera de elevar los requisitos para su tramitación.
La iniciativa responde a un hastío de parte de los sectores políticos con el uso que se le dio a esta facultad en los últimos años, con 11 libelos presentados en contra de autoridades que ejercieron durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y otras 16 durante el mandato de Gabriel Boric. Todo esto, en todo caso, en medio de una acusación en curso en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, que se espera que sea votada por los diputados la próxima semana.
Filtro frente a AC promovidas “por grupos reducidos” De ese modo, tanto los diputados como los senadores ingresaron sus propios proyectos, aunque complementarios. En el caso de los senadores, la iniciativa lleva el respaldo, entre otros, de Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Andrea Balladares (RN), Afonso de Urresti (PS), Javier Macaya (UDI), Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, estos dos últimos militantes del Frente Amplio.
La reforma considera, en primer lugar, aumentar el número mínimo de diputados y diputadas patrocinantes de 10 a 20. “Con ello, la sola presentación de una acusación requerirá un respaldo parlamentario más amplio, lo que opera como un primer filtro frente a acusaciones promovidas por grupos reducidos y refuerza el carácter excepcional del mecanismo”, se explica en el texto.