Viernes 27 de marzo, 10:30 de la mañana en Calama. Una mujer yace muerta en el patio de un colegio.
Momentos antes, la mujer intervino para impedir que un estudiante, armado con un cuchillo, atacara a sus compañeros. La prensa ha difundido los detalles de la agresión que se cobró una vida, mantiene en vilo otra y dejó dos heridos de gravedad.
La Superintendencia de Educación abrirá una investigación para evaluar los protocolos del establecimiento. La normativa parece aguantarlo todo.
El Reglamento de Convivencia Escolar del colegio detalla en su Artículo 55 que se considera falta grave el porte de armas u objetos cortantes; el Artículo 71 estipula las medidas disciplinarias ante faltas gravísimas. El agresor, un estudiante de 18 años, enfrenta cargos por homicidio y lesiones, mientras que administrativamente arriesga la expulsión.
Pero ni la justicia penal ni las sanciones escolares devolverán la vida a la inspectora ni sanarán el trauma de una comunidad golpeada. El daño está hecho.