El Gobierno de Chile, a través del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y el Comité Estratégico de Auditoría, presentó este viernes los resultados del primer balance del “Plan de Inspección Total al Estado”. El informe, que analizó la gestión de más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026, arrojó una serie de alertas relacionadas con la ejecución presupuestaria y la contratación de personal.
La auditoría, según consigna el medio Aquí y Ahora, detectó que cerca de US$140 millones fueron transferidos a organizaciones y entidades que contaban con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los fondos. Asimismo, se identificaron US$50 millones vinculados a más de mil convenios que ya han sido pagados en su totalidad y finalizados, pero que no registran las rendiciones correspondientes.
A esto se suma el hallazgo de más de 1.000 contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026. Respecto a los procesos de compras públicas, el informe advierte sobre un posible uso irregular de la modalidad de “Compra Ágil”.
Se reportaron más de 65.000 adquisiciones en las que un mismo proveedor recibió múltiples órdenes de compra por servicios similares en un solo día. En cuanto a la gestión de recursos humanos, se reveló que a fines de 2025 se produjeron 2.500 nuevas contrataciones en distintos servicios del Estado.
El reporte también destaca un proceso de traspaso masivo de trabajadores desde la modalidad de honorarios a contrata y una cifra de 100.000 funcionarios con licencias médicas superiores a 30 días, de los cuales un millar presenta situaciones administrativas que requieren una revisión especial. La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, junto al excontralor Ramiro Mendoza –quien asesora técnicamente el proceso–, precisaron que estos hallazgos constituyen “alertas de riesgo” y no necesariamente irregularidades confirmadas, las cuales serán investigadas en las próximas semanas.