El Personal Embarcado Industrial del Biobío llamó al Gobierno y al Congreso a revisar la normativa que regula la extracción de jibia, señalando que el actual escenario económico y laboral obliga a evaluar medidas que permitan recuperar actividad, empleo y capacidad productiva asociada a esta pesquería. Según antecedentes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), para 2026 se estableció una cuota global de captura de 200 mil toneladas para el recurso jibia o calamar rojo.
De ese total, 195 mil toneladas quedaron sujetas a fraccionamiento entre los sectores artesanal e industrial, correspondiendo 175.500 toneladas al primero y 19.500 toneladas al segundo. Los trabajadores sostienen que los niveles de captura registrados en los últimos años muestran que una parte importante de la cuota disponible no ha sido utilizada.
De acuerdo con los informes oficiales de seguimiento de cuotas publicados por Sernapesca, durante 2023 se desembarcaron 107.339,661 toneladas de jibia; en 2024 la cifra alcanzó 139.096,351 toneladas; y en 2025 llegó a 105.196,974 toneladas. En los tres años, los desembarques se mantuvieron por debajo de la cuota global autorizada para la pesquería.
El marco regulatorio vigente quedó definido tras la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.134, publicada en 2019, que estableció la potera o línea de mano como método autorizado para la captura de jibia. A juicio de las organizaciones, esta discusión adquiere especial relevancia en una región que enfrenta dificultades económicas y donde la actividad pesquera sigue siendo una fuente importante de empleo y movimiento productivo.
Los trabajadores advierten que el análisis también debe considerar lo que ocurre en el Pacífico Sur. La jibia forma parte de las pesquerías administradas por la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), organismo que mantiene medidas de conservación y manejo para este recurso en alta mar.