El hallazgo -por el momento- de 33 de los 64 niños haitianos reportados como desaparecidos tras ingresar al país mediante vuelos chárter en 2025 bajo programas de reunificación familiar ha suscitado un debate público sobre el manejo inicial que la clase política y administrativa dio a la problemática. En entrevista con El Diario de Cooperativa, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir -cuya comuna reportó haber encontrado a nueve de los menores- y el timonel y diputado del PPD, Raúl Soto, criticaron la alarma pública generada desde el mundo político, "cuando la información (de los niños) siempre estuvo".
"(El tema) ha sido bien complejo, porque cuando se levanta esta alerta a nivel nacional, yo creo que todos nos imaginamos lo peor de lo que podría significar: tráfico de personas, de órganos, entre otras tantas cosas que pudiesen ocurrir en momentos o situaciones extremas", dijo el jefe comunal. "Entonces, desde ahí, como municipalidad acudimos con total urgencia y diligencia y nos demoramos 24 horas en poder hacer todo el ciclo del cruce de información, ir a sus viviendas y cerciorarnos de que ellos estuvieran en perfecto estado, sin alguna vulneración de derechos", añadió.
"Entonces, la información (de los niños) siempre estuvo. Al final, queda como esta sensación de que, por un lado, se genera una alarma o una alerta a nivel nacional de algo que perfectamente se pudo haber manejado con cruce de datos.
Y creo que ahí también queda la oportunidad de mejora: ser más prolijos con las alertas que se vayan dando, en función de que, primero, se verifique (la situación) con los municipios, que, además, somos el Estado que está primero en los territorios", sostuvo Miñañir. Timonel PPD: Sauerbaum será citado a comisión En tanto, el diputado Soto, si bien consideró en Cooperativa que el Gobierno "hizo bien en no politizar el tema", de todos modos afirmó que "cometió el error de poner una alarma sin tener todos los antecedentes o sin recabar toda la información".
"Al menos, hasta ahora, la información que tenemos es que no existiría una situación de trata de personas o de vulneración de derechos, como en algún momento se señaló. Eso ha sido aclarado, de hecho, tanto por la PDI como también por autoridades del propio Ejecutivo, como el ministro de Justicia (Fernando Rabat)", indicó el presidente del PPD.