Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín En 2021, el proyecto de parcelas Alto Maullín, vecino a Puerto Varas, recibió una formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente por llevarlo a cabo sin tramitación ambiental. Cinco años después y tras una extensa disputa judicial, el órgano fiscalizador le aplicó una histórica sanción basándose en lo que llamó "ganancias ilícitas".
Tras cinco años de proceso, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) decidió aplicar una histórica multa de 4.414 UTA (unos $3.785 millones) en contra de la inmobiliaria Alto Maullín por eludir el sistema de tramitación ambiental para llevar a cabo un proyecto de parcelaciones vecino a un santuario de la naturaleza en el río Maullín, en la Región de Los Lagos. El Loteo Alto Maullín, ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Puerto Varas y a dos de Llanquihue, de propiedad de la sociedad Alto Maullín SpA, pretendía desarrollar hasta 87 parcelas de 5.000 metros cuadrados cada una, con agua y electrificación subterránea, caminos interiores asfaltados y áreas comunes como plazas, jardines y un mirador.
La SMA, que había formulado cargos en abril de 2021 en contra de la empresa, determinó que la firma no había ingresado su iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a que se trataba de un requisito obligatorio, y generó severos impactos ambientales, como la pérdida de bosque nativo y degradación de suelos. En esa oportunidad, la SMA dijo que el proyecto se estaba desarrollando en el sitio prioritario de conservación “Río Maullín”, que incluye humedales, y planteó la posibilidad de una pérdida definitiva del hábitat de la flora y fauna del lugar.
Ese año, la Conaf denunció además la tala ilegal de bosques para llevar a cabo caminos. Esto llevó a que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia paralizara las obras momentáneamente como medida de mitigación del daño.
Sin embargo, las obras continuaron, pese a fallos adversos en tribunales ambientales, Corte de Apelaciones y Suprema, que dilataron durante cinco años el procedimiento administrativo, que culminaron la semana pasada, con la resolución de sanción de la SMA. La decisión del fiscalizador se basa en dos cargos considerados graves: 1.