El drama de la reunificación familiar entre migrantes haitianos fue explotado por una red criminal que prometía trasladar menores de edad a Chile a cambio de dinero. La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló la organización y detuvo a dos ciudadanos haitianos en Santiago, acusados de tráfico ilícito de menores y lavado de activos.

Los imputados, ambos con residencia regular en Chile y propietarios de agencias de turismo, habrían usado esas empresas como fachada para cobrar a familias haitianas por gestionar el viaje de sus hijos, según informó T13. La investigación se desarrolló durante varios meses en conjunto con la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, y culminó con la Operación Reencuentro, ejecutada por la Fuerza de Tarea de Niños, Niñas y Adolescentes de la PDI.

El esquema apelaba a la desesperación de familias separadas por la migración. La organización ofrecía encargarse de todos los trámites para reunir a padres e hijos, pero parte del recorrido incluía un cruce fronterizo irregular entre Haití y República Dominicana. Una de las víctimas pagó 8 millones de pesos sin que sus hijos llegaran jamás a Chile.

La prefecta Elena Hidalgo, de la PDI, reveló un elemento especialmente grave: los menores no siempre viajaban con la persona autorizada por sus familias. El acompañante podía ser reemplazado durante el trayecto sin que los padres lo supieran, una decisión que respondía exclusivamente a los intereses económicos de la organización.

Los operativos se realizaron en tres puntos de la Región Metropolitana: Santiago, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. En las oficinas allanadas se incautaron dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, computadores y documentación que pasará a formar parte del proceso judicial. Dado que la red operaba también fuera del país, la PDI coordinó acciones con la Policía Nacional de República Dominicana para establecer el circuito completo utilizado para el traslado de los menores.

Ambos imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago, donde enfrentan cargos por tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos.