Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artÃculo. El caso de la exministra Trinidad Steinert ha reavivado el debate sobre las acusaciones constitucionales en Chile.
Mientras avanza un proyecto para endurecer los requisitos de estas acciones, se discute la posibilidad de presentar una acusación contra Steinert por exceder sus atribuciones al solicitar antecedentes a la PolicÃa de Investigaciones durante su cargo. Sectores de la oposición mantienen abierta la opción de una ofensiva constitucional, aunque hay diferencias en torno a la necesidad de reformar las reglas para iniciar estas acciones.
Por su parte, AgustÃn Romero, del Partido Republicano, critica la aparente contradicción de la oposición al querer limitar estas acciones solo cuando les perjudica polÃticamente. El debate ocurre mientras avanza en el Congreso un proyecto de reforma constitucional impulsado por parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, además de la UDI, RN y Evópoli, que busca endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales.
La iniciativa propone aumentar de 10 a 20 las firmas necesarias para iniciar un libelo, exigir una interpelación previa en el caso de ministros de Estado y elevar los requisitos de admisibilidad, con el objetivo de devolver a esta herramienta su carácter de última instancia. Y es que la posibilidad de una acusación constitucional contra Steinert comenzó a instalarse en el Congreso luego que la ContralorÃa concluyera que la exministra excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes a la PolicÃa de Investigaciones sobre una causa que conoció cuando era fiscal regional.
Por ahora, distintos parlamentarios de oposición mantienen abiertas las opciones de fiscalización y no descartan una eventual ofensiva constitucional. Desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera defendió el uso de las acusaciones constitucionales como una herramienta legÃtima de fiscalización del Congreso, y advirtió que cualquier intento de endurecer sus requisitos solo debilitarÃa el control sobre el Ejecutivo.