Explicación de Steinert para pedir información a la PDI no convence y se abren dudas sobre legalidad de su actuar La ministra de Seguridad dice haber actuado conforme a las normas de su cartera, pero sus razones entregadas en la Cámara no generan consenso ya que cuando se tramitó la ley se quiso prohibir el acceso a información de causas penales en curso. El diputado Leiva solicitará a la Contraloría un dictamen para zanjar el asunto.
“Actué dentro de mis competencias”, dijo el lunes la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en la Comisión de Seguridad de la Cámara buscando enfrentar las interrogantes sobre por qué solicitó a la PDI en marzo un informe detallado respecto a detectives trasladados en una causa que llevó en Iquique en enero, cuando aún era la fiscal regional de Tarapacá. La secretaria de Estado abrió un flanco inesperado con la policía civil al pedir al propio director general Eduardo Cerna remover a la prefecta general (r) Consuelo Peña sin entregar mayores motivos.
La petición para sacarla del alto mando llegó después de un oficio en el que solicitaba un informe por la remoción de cuatro oficiales de la PDI de Iquique. De acuerdo a lo que ha podido conocer este diario, su solicitud se fundó en un antiguo episodio ocurrido en enero, cuando Steinert era fiscal y Peña tenía a su cargo a un equipo policial en una investigación contra un clan chino.
Esa vez, por una decisión en la que habría estado presente Peña, cuatro detectives fueron sacados del equipo que veía ese caso y trasladados hasta otras regiones. Entre ellos estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a Steinert.
Uno de los cuestionamientos que ha recaído contra la ministra está en torno a si efectivamente tiene las atribuciones legales para pedir información a las policías sobre causas. De hecho, ayer el diputado Raúl Leiva (PS) le consultó por esto mismo en la instancia parlamentaria.