Licitación de moderno sistema de cámaras de seguridad por US$ 17 millones enciende polémica en Antofagasta y anuncian requerimiento a Contraloría Sistesa, uno de los oferentes que participó en el proceso, cuestiona que los antecedentes de las empresas postulantes sobre su experiencia previa en proyectos similares no habrían sido evaluados con el mismo criterio. Noticias destacadas Más de 1.000 cámaras equipadas con Inteligencia Artificial (IA) y un contrato por más de US$ 17 millones para reforzar la seguridad en Antofagasta, Calama y Tocopilla quedaron en el centro de la polémica tras cuestionamientos al proceso de licitación.
El contrato contempla la instalación de 1.245 cámaras de televigilancia con IA y 64 lectores automáticos de patentes que se ubicarán en puntos estratégicos de estas ciudades para permitir un monitoreo en tiempo real de zonas con alta incidencia delictual y mejorar la capacidad de seguimiento de vehículos vinculados a delitos, especialmente aquellos con encargo por robo. El 6 de marzo, la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta adjudicó su instalación a la empresa Ingbell Chile SpA, decisión que fue criticada por Sistesa SpA, otro de los oferentes, que denunció fallas en el proceso de evaluación y anunció acciones ante la Contraloría para solicitar la revisión del procedimiento.
Entre los cuestionamientos de Sistesa está cómo se evaluó la experiencia de las empresas en proyectos de cámaras de vigilancia y sistemas tecnológicos similares, ya que, según la firma, algunos antecedentes presentados por los postulantes no habrían sido evaluados con el mismo criterio durante el proceso. La acción busca que el organismo fiscalizador analice si el proceso se ajustó a las normas que regulan las compras públicas y si los criterios utilizados en la evaluación técnica y económica de las propuestas se aplicaron de manera correcta.
Accidentado recorrido El proceso comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando la iniciativa fue publicada en el portal de Mercado Público. El período para presentar ofertas se extendió hasta el 19 de febrero de 2026, y durante ese tiempo se generó un alto interés por parte de empresas del rubro tecnológico y de seguridad.
Según los registros, se formularon más de 700 consultas técnicas por parte de compañías interesadas y se realizaron visitas técnicas en terreno con el fin de que los oferentes evaluaran las condiciones de infraestructura y conectividad necesarias para el proyecto. Sin embargo, desde las primeras etapas comenzaron a surgir críticas de algunos participantes.