Diputados de la bancada UDI, liderados por su presidente de partido Guillermo Ramírez, sostuvieron una reunión con la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo. En la instancia, hicieron entrega de un proyecto de ley que busca extender la pérdida de la gratuidad a estudiantes universitarios condenados por delitos graves.
La iniciativa surge luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad realizada en la Universidad Austral. Según explicaron desde la bancada, la idea es ampliar una propuesta previamente incorporada en la discusión denominada “Escuelas Protegidas”.
El diputado Sergio Bobadilla, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, valoró la buena acogida del Ejecutivo y señaló que “el Gobierno va a incorporar esta propuesta como una indicación o de lo contrario va a patrocinar el proyecto”. “La propuesta es extender esta prohibición de entregar cualquier beneficio con recursos fiscales a estudiantes que sean sancionados en la educación superior, porque el proyecto original solo consideraba la enseñanza media”, insistió.
De esta forma, los parlamentarios esperan tramitar a más tardar el día martes por la tarde, porque “el Gobierno le va a poner discusión inmediata. Haremos nuestros mejores esfuerzos para despachar mañana para que el día miércoles lo votemos en sala”.
El diputado sostuvo que esta medida busca priorizar la educación de los jóvenes y llamó a las distintas fuerzas políticas a definirse frente a la propuesta. “Nosotros esperamos que los partidos que se dicen de Gobierno efectivamente estén con los dos pies puestos en La Moneda y no con uno en la calle”, sentenció.